La continuidad de las retenciones del 33% a las exportaciones de soja en Argentina ha provocado una fuerte desaceleración en el mercado interno y ha encendido las alarmas entre productores, acopiadores y exportadores. La medida, confirmada por el Gobierno nacional a comienzos de julio, generó un clima de incertidumbre comercial y tensión creciente en el sector agropecuario.
Desde el anuncio, las operaciones de venta de soja se redujeron de forma significativa. Productores de las principales zonas agrícolas del país, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, optaron por retener la mercadería ante la falta de incentivos y la pérdida de rentabilidad. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la comercialización cayó más de un 40% en las últimas semanas.
La situación también afecta a las exportadoras, que ven comprometido el flujo de embarques y la previsibilidad en la cadena de pagos.
Las principales entidades del agro, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresaron su preocupación y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Economía. En un comunicado conjunto, afirmaron que “el actual esquema de retenciones castiga al campo, desalienta la producción y pone en riesgo el ingreso de divisas fundamentales para el país”.
La soja representa cerca del 30% de las exportaciones totales de Argentina y es una fuente clave de ingresos fiscales. Sin embargo, el conflicto por las retenciones reaviva viejas tensiones entre el Gobierno y el sector agropecuario, en un contexto económico marcado por la inflación, la escasez de reservas y la volatilidad cambiaria.
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